A los Obispos y Diputados de la Iglesia Episcopal Reunidos en la 80ª Convención General:

En la Convención de la Diócesis de Vermont en 2018, los delegados adoptaron una resolución titulada “Apoyar la Libertad de Expresión y el Derecho al Boicot”. Los delegados de la convención de 2021 adoptaron una resolución para remitir esa resolución a la 80ª Convención General en forma de homenaje, con la esperanza de que pueda apoyar las resoluciones presentadas por diputados, obispos u otras diócesis sobre el mismo tema.  

La resolución de 2018 dispone lo siguiente:

“Se resuelve, Que la 185ª Convención de la Diócesis de Vermont inste al Presidente de Estados Unidos y a la delegación del Congreso de Vermont a oponerse a la legislación que penalice a las empresas y organizaciones por su participación en boicots no violentos en nombre de los derechos humanos de los palestinos, ya que dicha legislación, tanto a nivel federal como estatal, sería una infracción de los derechos de la Primera Enmienda”.

La explicación que acompañaba a la resolución citaba una declaración que hizo el Arzobispo Desmond Tutu el 2 de abril de 2014 y que se publicó en Oryx Media, en relación con su apoyo al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (Boycott, Divestment, and Sanctions, BDS), en particular en lo que respecta a los abusos de los derechos humanos que sufre el pueblo palestino.  

La explicación continuaba diciendo:

El boicot como acción política no violenta es una tradición estadounidense, cuyas raíces se remontan al boicot prerrevolucionario al té británico. Desde el boicot de autobuses de Montgomery de 1955-1956, el tribunal supremo ha considerado sistemáticamente que los boicots están protegidos por la Primera Enmienda. Algunos ejemplos de boicots efectivos son el boicot de la uva de 1965-1966 en el Valle Central que dio origen a la Unión de Campesinos, el boicot a Sudáfrica que apoyó la Iglesia Episcopal en 1985 (Res. 1985-D073), y, más recientemente, el boicot a Carolina del Norte derivado de su legislación en contra de la comunidad LGBT. 

La actual legislación antiboicot (a partir de 2018) a nivel estatal y federal cuenta con la oposición de, entre otros, la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU), el Centro de Derechos Constitucionales y la Liga Antidifamación de B’nai B’rith. En noviembre de 2017, 12 de las iglesias ecuménicas asociadas a la Iglesia Episcopal y 28 organizaciones activistas emitieron una carta pública en la que calificaban la legislación antiboicot pendiente de aprobación en el Congreso y en las legislaturas estatales como “una flagrante violación de los derechos de la Primera Enmienda”, y se comprometían a defender el derecho de las iglesias y organizaciones a utilizar medidas económicas en el caso concreto de Israel-Palestina. 

Además, la Iglesia Episcopal afirmó en la Res. 1991-D122 que las críticas legítimas a las políticas y acciones del gobierno israelí no son antisemitas. Aunque la 79ª Convención General (2018) no abordó directamente la legislación antiboicot, sí adoptó la Resolución B016 (véase el texto a continuación) para unirse a la Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos en la forma de establecer las políticas de inversión. B016 le pide al Comité de Responsabilidad Social Corporativa (Committee on Corporate Social Responsibility, CSSR) que desarrolle criterios para Israel y Palestina basados en filtro de inversión para los derechos humanos y en acciones pasadas de la Convención General y del Consejo Ejecutivo; que fomente un aumento de la inversión positiva en Palestina; y que fomente el compromiso contino en la defensa de los derechos humanos por parte de los accionistas en Israel y los territorios ocupados.  

Cualquier legislación que suprima las críticas legítimas a la política pública y que restrinja la libertad de expresión y la capacidad de ejercer el testimonio público mediante boicots o prácticas de inversión y compra selectiva viola la Constitución de Estados Unidos. Aunque la Iglesia y sus miembros no sean de la misma opinión sobre qué medidas son más eficaces, la Iglesia debe afirmar y defender colectivamente el derecho de las personas, las congregaciones y las organizaciones a utilizar medidas económicas en el caso concreto de las relaciones entre Israel y Palestina.

Atentamente,

La Diócesis Episcopal de Vermont. Votado y afirmado en la Convención de Vermont de noviembre de 2021