Considerando que la 88ª Convención (2019) de la Diócesis Episcopal de Rochester instó al presidente, al Congreso de Estados Unidos, así como a la legislatura y al gobernador del estado de Nueva York a reconsiderar la legislación que penaliza a las empresas y organizaciones por su participación en boicots no violentos en nombre de los derechos humanos de los palestinos. La Convención considera que dicha legislación, tanto a nivel federal como estatal, constituye una infracción de nuestros derechos de la Primera Enmienda, basándose en la definición constante del tribunal supremo de que los boicots son expresiones protegidas; por lo tanto,     

Se resuelve, Que esta 89ª Convención de la Diócesis Episcopal de Rochester ordene al Secretario de la Convención que distribuya esta resolución por correo electrónico a la Oficina de la Convención General de la Iglesia Episcopal (gcoffice@episcopalchurch.org).

Explicación:

Los opositores al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (Boycott, Divestment and Sanctions, BDS) han buscado una legislación estatal y federal que califique de antisemita el apoyo a estas medidas y que penalice con multas y con la pérdida de contratos y ayudas estatales a las empresas y organizaciones que las apoyen. Hasta la fecha, 27 estados han aprobado este tipo de legislación o la han adoptado por orden ejecutiva.  La reciente legislación federal, aunque no es explícitamente punitiva, condena el BDS y lo califica de antisemita.

Sea cual sea la postura de cada uno sobre un boicot concreto, todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones y actuar en consecuencia. El boicot como acción política no violenta es una tradición estadounidense, cuyas raíces se remontan al boicot prerrevolucionario al té británico.  Desde el boicot de autobuses de Montgomery de 1955-1956, el tribunal supremo ha considerado sistemáticamente que los boicots están protegidos por la Primera Enmienda.  Algunos ejemplos de boicots efectivos son el boicot de la uva de 1965-1966 en el Valle Central que dio origen a la Unión de Campesinos, el boicot a Sudáfrica que apoyó la Iglesia Episcopal (Res. 1985-D073) en 1985, y, más recientemente, el boicot a Carolina del Norte derivado de su legislación anti-LGBTQ.

Además, la Iglesia Episcopal afirmó en la Res. 1991-D122 que las críticas legítimas a las políticas y acciones del gobierno israelí no son antisemitas.  Esta iglesia diferencia el uso de tácticas no violentas, como la presión económica en nombre de los derechos humanos universales, del actual resurgimiento del discurso y las acciones de odio que demonizan a comunidades enteras, judías, musulmanas, afroamericanas, nativas americanas, LBGT o cualquier otro grupo.  Esta iglesia condena inequívocamente todos los discursos y las acciones de odio.

La actual legislación antiboicot a nivel estatal y federal cuenta con la oposición de, entre otros, la ACLU, el Centro de Derechos Constitucionales y la Liga Antidifamación.  En noviembre de 2017, 12 de las iglesias ecuménicas asociadas a la Iglesia Episcopal y 28 organizaciones activistas emitieron una carta pública en la que calificaban la legislación antiboicot pendiente de aprobación en el Congreso y en las legislaturas estatales como “una flagrante infracción de los derechos de la Primera Enmienda”, y se comprometían a defender el derecho de las iglesias y organizaciones a utilizar medidas económicas en el caso concreto de Israel-Palestina.

Extractos de la declaración del arzobispo Desmond Tutu sobre el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS). [Esta declaración fue emitida para el arzobispo emérito Desmond Tutu por Oryx Media, el 2 de abril de 2014]

Le escribo hoy para expresar mi profunda preocupación por la oleada de medidas legislativas en Estados Unidos destinadas a castigar e intimidar a quienes hablan con su conciencia y desafían las violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo palestino.

Estos esfuerzos legislativos responden a una creciente iniciativa internacional, el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), del que soy partidario desde hace tiempo. El movimiento BDS emana de un llamamiento a la justicia formulado por el propio pueblo palestino.

He sido testigo de la violencia sistemática y la humillación de hombres, mujeres y niños palestinos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad israelíes. Su humillación y su dolor nos resultan demasiado familiares a los sudafricanos.

En Sudáfrica, no podríamos haber logrado nuestra democracia sin la ayuda de personas de todo el mundo, que a través del uso de medios no violentos, como el boicot y la desinversión, animaron a sus gobiernos y a otros actores corporativos a revertir el apoyo prestado durante décadas al régimen del Apartheid. Mi conciencia me obliga a apoyar a los palestinos cuando intentan utilizar las mismas tácticas de no violencia para impulsar sus esfuerzos por acabar con la opresión asociada a la ocupación israelí.

Me opongo firmemente a cualquier legislación que pretenda castigar o disuadir a los individuos de perseguir esta aspiración transformadora. Además, mantengo siempre la esperanza de que, al igual que los esfuerzos no violentos que lo han precedido, el movimiento BDS se convierta finalmente en un catalizador de la paz y la reconciliación honestas para todos nuestros hermanos y hermanas, tanto palestinos como israelíes, en Tierra Santa.