A los diputados y obispos de la Iglesia Episcopal reunidos en la 80ª Convención General:

El apoyo a los derechos humanos es un valor evangélico para los episcopales. Prometemos, en nuestro Pacto Bautismal,

vivir nuestra renuncia al mal, en el Espíritu de Jesús, luchando por la justicia y la paz entre todos

los pueblos, respetando la dignidad de todos los seres humanos.

La Iglesia Episcopal (The Episcopal Church, TEC) ha sido fiel a sus valores fundamentales, ofreciendo un sólido testimonio durante más de cuarenta años

en favor de la paz con justicia en las resoluciones de la Convención General y del Consejo Ejecutivo, apoyando los

derechos humanos y la dignidad humana de todos los pueblos, incluidos los de Tierra Santa: judíos y palestinos, musulmanes, cristianos y drusos.

Desde 1979, las políticas de la Iglesia Episcopal han apoyado el derecho de los palestinos a un estado libre e independiente, y al mismo tiempo han afirmado el derecho de Israel a existir como un estado libre con fronteras seguras (1979, 1988, 1991, 2015 y 2018), con Jerusalén como capital compartida de dos estados soberanos (1985 y 2018).

Tras los llamados de la Iglesia Episcopal para que se ponga fin a la ocupación israelí de Cisjordania y del este de Jerusalén, y para que se levante el bloqueo de la franja de Gaza, nuestra iglesia se comprometió a realizar inversiones positivas en las instituciones e infraestructuras palestinas como un paso hacia la creación de un estado.

La realidad sobre el terreno: las políticas israelíes afianzan la ocupación, sentando las bases para la anexión unilateral y de jure mediante la expansión ilegal de los asentamientos, las demoliciones, la “israelización” del este de Jerusalén y la construcción de infraestructuras permanentes en Cisjordania destinadas a dividir cualquier futuro estado palestino.

La Iglesia Episcopal apoya los plenos derechos civiles y humanos de todos los ciudadanos dentro de las fronteras de Israel (1988 y 1991).

La realidad sobre el terreno: en 2018, la Ley del Estado Nación Judío estableció que “el derecho a ejercer la autodeterminación nacional” en Israel es “exclusivo del pueblo judío”.

Los ciudadanos no judíos tienen derechos humanos pero no derechos civiles plenos.

Antes de 2018, ya había 66 leyes israelíes que discriminaban a los ciudadanos palestinos de Israel.

La Iglesia Episcopal afirma que el desplazamiento de los palestinos por medio de la expansión de los asentamientos, los desalojos forzosos y las demoliciones de viviendas es injusto e ilegal, y atenta contra el derecho básico a la vida.

La Iglesia Episcopal ha establecido una lista de exclusión de compra para las inversiones de la iglesia en empresas que se benefician de la política expansionista de Israel.

La ayuda o los préstamos a Israel deben estar condicionados a la protección de los derechos humanos, especialmente de los niños detenidos, así como al cese de la violencia como táctica de control civil (1994 y 2018).

La realidad sobre el terreno: la Ley del Estado-nación judío establece “el asentamiento judío como un valor nacional” y ordena al estado “trabajar para fomentar y promover su establecimiento y desarrollo”.

Asentar o colonizar un territorio habitado requiere una violencia masiva, que se manifiesta en el asedio a Gaza, los puestos de control, la confiscación de tierras, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios, las demoliciones de viviendas, los ataques contra la agricultura y el asesinato de manifestantes pacíficos.

A pesar de esta realidad, los US$38 mil millones en ayuda militar que Estados Unidos ha proporcionado a Israel en una década siguen siendo incondicionales.

La Iglesia Episcopal afirma el principio del Derecho al Retorno no solo para los judíos, sino también para los palestinos desplazados en 1948, con la restitución o compensación de las pérdidas, tal y como lo pide la ONU (2000).

La realidad sobre el terreno: Israel rechaza el derecho al retorno de los palestinos por considerarlo una amenaza demográfica para el estado judío; más de cinco millones de refugiados apátridas están registrados en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA), y existen en campamentos en Siria, Líbano, Jordania, Gaza y los Territorios Ocupados.

El financiamiento de Estados Unidos para la UNRWA se ha politizado y está sujeto a suspensión en un esfuerzo por deslegitimar tanto a la agencia como a la propia situación de los refugiados palestinos.

La Iglesia Episcopal apoya la presión de Estados Unidos sobre Israel para que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos en Gaza (2018).

La realidad sobre el terreno: el asedio total de Gaza por tierra, mar y aire lleva 15 años, lo que ha provocado una economía devastada y que el 80% de la población dependa de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

La ONU clasificó a Gaza como “inhabitable”. Los bombarderos israelíes destruyen periódicamente infraestructuras: empresas, viviendas, clínicas médicas, escuelas, mezquitas. Gaza existe en un estado perpetuo de crisis humanitaria.

La Iglesia Episcopal ha instado, se ha opuesto y ha pedido en favor de los derechos humanos de los palestinos durante más de 40 años. Sin embargo, la situación sobre el terreno se ha deteriorado hasta el punto de que las ONG reconocidas internacionalmente Human Rights Watch y B'Tselem utilizan la palabra apartheid para describir la realidad de las relaciones entre el estado de Israel y los palestinos.

Se trata de un acontecimiento que desafía nuestra determinación como iglesia, incluso cuando reconocemos el hecho de que los cristianos están desapareciendo en Tierra Santa.

Ya es hora de que la Iglesia Episcopal responda al clamor de los cristianos palestinos en el Documento Kairos de 2009: “En ausencia de toda esperanza, lanzamos nuestro grito de esperanza...Creemos que la bondad de Dios triunfará finalmente sobre el mal del odio y la muerte que aún persisten en nuestra tierra.

Veremos aquí ‘una nueva tierra’ y ‘un nuevo ser humano’ capaz de levantarse en el espíritu para amar a cada uno de sus hermanos”.

Ya es hora de que la Iglesia Episcopal responda al llamamiento de Kairos para apoyar el boicot, la desinversión y las sanciones económicas sistemáticas para presionar al gobierno de Israel para que ponga fin a la ocupación de Palestina y alcance una paz justa y definitiva.

Atentamente,

Rvdo. RJ Powell, diputado del clero, Diócesis del Este de Tennessee

Rvda. Gail Bennett, diputada del clero, Diócesis de Nueva Jersey

Dra. Carolyn Mok, diputada laica, Diócesis de Rochester