Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Obispos,

Que la 80a Convención General ratifique:

1) Que la defensa de la justicia social es un ministerio primordial de la Iglesia; es nuestro testimonio corporativo y público de la Misión de Dios de “restaurar a todos los pueblos a la unidad de Dios y de los demás en Cristo”; [Catecismo, Libro de Oración Común, página 855];

2) Que la justicia social tiene que ver con las relaciones correctas entre todos nosotros, centrando la voz y la experiencia de los marginados (como leemos en Mateo 25), y estas son las relaciones que han sido, y siguen siendo, perjudicadas por la distribución sistémica e injusta de la riqueza, las oportunidades y los privilegios;

3) Que el ministerio de la justicia social incluye actos de misericordia o caridad, pero también debe incluir el desmantelamiento de instituciones, estructuras y políticas que causan daño y nos dividen unos de otros; e incluye la reparación de la brecha mediante la reconstrucción de sistemas de justicia, imparcialidad y equidad (Isaías 58);

4) En este último trienio, (2018-2021) la pandemia mundial, los levantamientos por la justicia racial y la escalada de la crisis climática, incluidos los incendios forestales y las tormentas extremas, así como las fisuras sociales y los fallos institucionales que estos acontecimientos han puesto de manifiesto, exigen que entendamos que este es un momento revolucionario de responsabilidad, arrepentimiento y compromisos renovados con la misión de Dios. Estamos llamados a dar cuenta de nuestros fracasos en vivir las palabras que predicamos y rezamos. Reconocemos que las prácticas históricas, las políticas y las estructuras de la iglesia institucional han desempeñado un papel en la persistencia de la desigualdad sistémica y pedimos una reparación inmediata, urgente y duradera;

Y asimismo

Se resuelve, Que todas las diócesis y congregaciones sean llamadas a fundamentar cada reunión de planificación o de negocios o convención con oraciones que inviten a un examen de conciencia en relación con el impacto específico de las decisiones de tales reuniones sobre los pobres, desposeídos, desfavorecidos o marginados, y a proporcionar y modelar formularios para dicho examen de conciencia; y asimismo

Se resuelve, Que todas las diócesis sean llamadas a ofrecer, al menos una vez al año, un evento o programa y liturgia a nivel diocesano para comprometer a nuestras congregaciones y miembros a escuchar y comprender la historia y el contexto actual de nuestras diversas comunidades locales, prestando atención a aquellos que han sido históricamente desposeídos o desfavorecidos; y asimismo

Se resuelve, Que esta Convención General ordene la creación de un Grupo de Trabajo sobre la Imaginación de una Iglesia Basada en la Justicia Social como Ministerio Cristiano sea formado como un grupo diverso que incluya a 2 obispos, 2 sacerdotes, 2 diáconos y 10 laicos, con el fin de a) considerar cómo debe ser la iglesia si ponemos nuestra vocación de amar al prójimo y ser reparadores de la brecha en el centro de nuestro trabajo; b) acercarse a los grupos locales y diocesanos que realizan un trabajo de justicia social y reconciliación racial centrado en el cambio sistémico, para comprender con qué recursos y dones contamos ya en este trabajo y dónde están las lagunas; c) que se ponga en contacto con la Comisión Permanente de Liturgia y Música y con la Comisión Permanente de Gobierno, Estructura, Constitución y Cánones, con el Grupo Asesor de la Mesa Directiva sobre la Implementación de la Comunidad Amada (si se amplía en el próximo trienio), y con otros organismos provisionales pertinentes, para examinar estas cuestiones y la forma de abordar los obstáculos institucionales al cambio en la iglesia y d) se encargue de hacer recomendaciones a la 81ª Convención General para el cambio institucional que apoye la justicia social como ministerio cristiano en las áreas de gobierno y estructura, oración y liturgia, catequesis y formación permanente para el discipulado, especialmente con los laicos y en consonancia con una política equitativa e inclusiva; y asimismo

Se resuelve, Que la Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de US$55,000 para llevar a cabo esta resolución.