Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Obispos,

Que la 80ª Convención General de la Iglesia Episcopal abogue por un cambio fundamental a la forma en que se procesa a los migrantes, a fin de alejarnos de las detenciones y otros mecanismos que pueden apoyar las políticas de inmigración injustas, previendo una sociedad justa en la que todos, independientemente de su origen nacional, tengan derechos humanos básicos, incluyendo el sustento, la unidad familiar, la autodeterminación y la seguridad física y emocional; y asimismo

Se resuelve, Que esta Convención de la Iglesia Episcopal afirme las resoluciones 2009-B006 y 2018-A178 y deplore y pida específicamente que se abogue por políticas que pongan fin a la dependencia del gobierno de Estados Unidos respecto a la detención de inmigrantes para cumplir con sus objetivos de políticas, lo cual está claramente en desacuerdo con el bienestar y la dignidad humana, es costoso para los contribuyentes y es ineficaz para disuadir la inmigración a Estados Unidos; y asimismo

Se resuelve, Que esta Convención también se oponga al aumento del uso del monitoreo y la vigilancia electrónica de los inmigrantes por parte del gobierno de Estados Unidos como “alternativas” a la detención, que pueden invadir su privacidad y su sentido de seguridad personal a pesar de vivir fuera de los centros de detención; y asimismo

Se resuelve, Que esta Convención instruya a la Oficina de Relaciones Gubernamentales y urja a todos los episcopales a abogar para que nuestro gobierno resuelva estas graves deficiencias en nuestro trato a los “extranjeros entre nosotros”, al priorizar políticas que ayuden a reducir y eventualmente a eliminar la necesidad de detención y vigilancia virtualmente para todos los migrantes, y que en lugar de ello: 

• Proporcionen verdaderas alternativas a la detención basadas en la comunidad y apoyadas por ella, incluidas aquellas en las que las personas se reúnan con trabajadores sin fines de lucro mientras duren sus casos en el sistema judicial de inmigración.
• Financien a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para que presten apoyo al manejo de casos sobre la base de evaluaciones de necesidades individualizadas, incluyendo el suministro de información clara sobre los derechos y obligaciones de los participantes en relación con la tramitación de la inmigración y las consecuencias del incumplimiento.
• Incluyan remisiones a servicios apoyados por la comunidad, especialmente servicios legales que proporcionen a las personas información sobre sus procedimientos legales, mejorando al mismo tiempo la adjudicación de casos por parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración en el sistema de tribunales de inmigración.
• Tratan a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes con dignidad, humanidad y respeto, asegurándose de que cualquier restricción y obligación de cumplimiento impuesta a los participantes sea lo menos onerosa posible.